01.04.10 | 2do Informe de Investigación

Cuidado, los gobiernos “avanzan” sobre la industria farmacéutica
Alberto Ferrari

Durante la reciente Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Buenos Aires, el presidente de la organización, el colombiano Enrique Santos, sostuvo que “la libertad de prensa se encuentra bajo acoso en varios países del continente”, un discurso que se repite, con escasas modificaciones, toda vez que hay que defender intereses empresarios presuntamente amenazados por los gobiernos.

Un diagnóstico similar sobre esa presunta amenaza de los gobiernos circula entre los voceros de la industria farmacéutica, aunque con sordina, pues carece de la potencia mediática de la SIP y además prefiere acudir a su capacidad de lobby, que se expresa en negociaciones reservadas con funcionarios y legisladores.

La Ley de Medicamentos en debate en Argentina, la anulación de las patentes en Ecuador y la investigación sobre los acuerdos de precios en Chile, son tres ejemplos de esa puja entre la industria y los gobiernos de la región. En Brasil también existe un debate parlamentario sobre las patentes de “segundo uso” que la industria requiere para extender sus beneficios y que, por ahora, no ha tenido demasiada resonancia porque las multinacionales ya han experimentado que con el gobierno de Lula tienen pocas posibilidades de imponer condiciones.

El gobierno de Rafael Correa en Ecuador se ha convertido en un modelo para el resto de la región al anular las patentes, que los laboratorios multinacionales observan con preocupación porque carecen de margen para confrontar con un presidente que goza de popularidad y consenso, excepto para los medios de comunicación monopólicos de ese país, que se aferran al megáfono de la SIP.

Andrés Ycaza, presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, explicó que el decreto del presidente Correa anuló las patentes para que los medicamentos de primera necesidad no tengan exclusividad y a partir ahora los laboratorios nacionales pueden pedir licencias obligatorias, que serán concedidas en la medida en que puedan demostrar la capacidad de producción. “La idea es que se fomente la competencia en el mercado”, destacó el funcionario.

El mercado de Ecuador representa apenas 720 millones de dólares anuales, lo mismo que facturan uno o dos laboratorios de primera línea en Brasil, México o Argentina. Será por eso que las multinacionales optaron por quejas apenas tibias a través de la Industria Farmacéutica de Investigación, entidad que agrupa a 14 de los mayores laboratorios del mundo.

Esas multinacionales son las mismas que debieron bajar la cabeza en Chile, cuando se descubrió que tres cadenas de farmacias y decenas de laboratorios habían pactado los precios de 222 medicamentos, para obtener mayores ganancias a costa de la seguridad social y del bolsillo de los pacientes.

Los implicados en esta operatoria conocida como “colusión” de precios son las cadenas Farmacias Ahumada –con filiales en México y Perú–, Salcobrand y Cruz Verde, que concentran el 92 por ciento del mercado, junto con los laboratorios Abbott, Bayer, Pfizer, Novartis, Raffo, Merck, Laboratorio Chile, Glaxo, Roche, Sanofi, Warner Lambert, Wyeth y Andrómaco, entre los más comprometidos.

Ante la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, algunos de los culpables como la Cadena de Farmacias Ahumada, optaron por un acuerdo extrajudicial y se comprometieron a devolver el dinero que cobraron de más.

Sin embargo, cabe preguntarse: “¿Cuántos cientos sino miles de personas no pudieron comprar sus medicamentos porque estas empresas aumentaron artificialmente los precios para tener mayores utilidades? Eso no se paga con multas o compromiso de la empresa para redactar un código de ética para sus empleados, los responsables directos debieran pagar con cárcel”, como sostuvo un editorial del diario El Nortero de Antofagasta.

“¿Código de ética?” Quizás como el que propuso Ernesto Felicio en nombre de CAEME, durante una audiencia pública cuando en la Cámara de Diputados de Argentina se discutía una ley que reglamentara la propaganda médica y la profesión de los visitadores médicos, proyecto que fue convenientemente petardeado y pasteurizado por el lobby empresario.

Ese lobby se ha puesto nuevamente en alerta ante la decisión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de debatir un proyecto de Patricia Vaca Narvaja que propone una Ley de Medicamentos con regulación de precios.

Duro golpe para la industria es escuchar hablar de “control de precios”, especialmente después de tantos años de estar acostumbrados a negociar con Guillermo Moreno, el secretario de Comercio que, por lo menos a los laboratorios, jamás les mostró un revólver, aunque algunos voceros de la industria aseguran que “a algunos que no respetaron los acuerdos los persiguió como perro de presa”. Sin embargo, esos voceros admiten que prefieren el “sistema Moreno” a cualquier ley que imponga regulaciones de precios.

Si la ley no es aprobada antes del 10 de diciembre en Diputados –algo improbable por los tiempos y otros proyectos prioritarios como la Reforma Política–, Vaca Narvaja ya no estará para defenderla en 2010 cuando la Ley de Medicamentos transite el fatigoso recorrido hasta llegar al recinto. Si es que llega… pues desde el retorno de la democracia hubo proyectos similares, por ejemplo de Guillermo Estevez Boero en 1987 y Aldo Neri en 2003, que murieron en el intento.

En esta ocasión, el proyecto llega patrocinado por Agustín Rossi, el titular del bloque del Frente de la Victoria que permanecería en su cargo a partir del 10 de diciembre, aunque con una tropa menguada.

En todo caso, la pregunta que hoy se hacen los directivos de la industria en los pasillos del Congreso es si el proyecto “va en serio” o es un apenas un resabio testimonial de una legisladora que completa su mandato el diciembre. Ese interrogante los llevó en la última semana de octubre a pedir entrevistas con legisladores de varios bloques. Hubo dos reuniones, una con las comisiones de Comercio y Defensa de la Competencia, donde fueron recibidos por asesores, y la otra con Federico Pinedo, titular del bloque del Pro, quien anticipó que su bloque votará en contra.

También en Brasil ha comenzado en la Comisión de Seguridad Social y Familia del Congreso de Brasilia un discusión sobre las “patentes de segundo uso”, con la participación de Francelino Grando, secretario de Tecnología Industrial, y el coordinador de Propiedad Intelectual de Ansiva (la agencia sanitaria de Brasil), Luis Carlos Wanderley Lima. Se trata de un mecanismo que utilizan las multinacionales para frenar el ingreso de genéricos, en Brasil, Canadá o Estados Unidos, por igual.

Mientras tanto, la industria farmacéutica argentina no ha sufrido el impacto de la crisis internacional: “Nadie pierde plata y no se sintió ninguna caída de las ventas”, admitieron voceros empresario, mientras miran de reojo si el control de precios se convierte en una “amenaza” de ese Estado que voluntariamente renunció en la década del 90 a regular los mercados, tanto el farmacéutico como el de los medios de comunicación. Ahora, las consecuencias están a la vista y reparar las secuelas es una batalla que algunos califican de “acoso”.

4to Informe de Investigación

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