09.06.10 | Notas Uruguay frena la judicialización de la cobertura de Oncológicos Asociación de Agentes de Propaganda Médica Es importante conocer que el gasto total en medicamentos ronda los 22.000 millones de pesos , esta cifra es aproximada pues la industria farmacéutica oculta la venta de sus fármacos de mayor precio al excluirlos de los manuales farmacéuticos, nuestra Asociación ya lo ha denunciado fehacientemente ante las autoridades y asimismo reiteradamente en forma pública. En este contexto estamos intercambiando información con otros países latinoamericanos que tienen similar problemática, en Brasil, Colombia y Uruguay los gobiernos están tomando medidas resolutivas e incluso generando y/o modificando leyes. En Argentina muchos laboratorios han generado acciones de marketing auspiciando "Fundaciones de Pacientes …", a través de las mismas y en acuerdo con algunos médicos generan prescripciones de estos fármacos de extraordinario costo y los exigen por de la vía judicial, presentando amparos a jueces que no tienen el conocimiento del tema ni el soporte de protocolos científicos que puedan avalar un dictamen negativo. A continuación te trasladamos un resumen de acciones que realizan en Uruguay con este importante tema. Uruguay frena la judicialización de la cobertura de Oncológicos Desde hace unos años, algunos pacientes oncológicos vienen ganando juicios para acceder a medicamentos que no pueden costear. Esto ha generado la reacción del gobierno cuyos abogados sostenían que las sentencias proponían "nadar para morir en la orilla" y aportaron evidencias sobre la inseguridad de los tratamientos propuestos. Las sentencias resultaron revocadas y se eximió al Estado de dar el fármaco. Sin embargo, bajo la figura de un tratamiento humanitario y compasivo, en algunos casos el gobierno decidió proveer igual el medicamento, pese a que la Justicia no lo obligaba. La gestión actual puede rever este criterio. Según publica el diario el País de Montevideo del día de hoy bajo el título "Fármacos oncológicos caros solo si están avalados por la Justicia", prevalece ahora la idea predominante de que el Ministerio de Salud Pública se limite a cumplir con lo que diga la Justicia en última instancia. Las definiciones que asuma el gobierno uruguayo marcarán un precedente para el resto de América Latina. Ricardo Peidro |