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02.11.11 | Noticias Código de ética, una deuda pendiente del senado La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) demanda una vez la aprobación del proyecto de Ley de Código de Ética que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2006 y que se encuentra "cajoneado" desde entonces en el Senado, por la evidente presión del lobby empresario. Los laboratorios medicinales han conseguido frenar la iniciativa APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, al prosperar la presión que suelen ejercer sobre los legisladores cuando algún proyecto les resulta "molesto" a sus intereses comerciales. Por ejemplo, la reciente aprobación de la Ley de Producción Pública de Medicamentos originó una andanada de cartas que las tres cámaras empresarias enviaron a diputados y senadores en un intento por frenar su sanción. No todos los legisladores son igual de "permeables" al lobby empresario, pero lamentablemente es evidente que sí han conseguido penetrar la Comisión de Salud del Senado, donde está cajoneado el proyecto de Ética Profesional. Y no ha sido la primera vez. El proyecto de Ética Profesional impulsado por AAPM fue redactado y consensuado por las diputadas Graciela Camaño, Fabiana Ríos y Graciela Rosso, expresión de tres corrientes políticas diferentes, pues respondían al duhaldismo, al socialismo-ARI y al kirchnerismo, cuando fue aprobado en 2006. Ríos ha sido reelecta gobernadora de Tierra del Fuego y Graciela Rosso es de 2007 intendenta del partido de Luján y aspira también a un nuevo mandato. El apoyo unánime de legisladores de distinto signo político al Código de Ética superó cualquier especulación entre oficialistas y opositores y atravesó todos los bloques parlamentarios. Lástima que los senadores no quisieron compartir y sumarse a esa demostración de unanimidad que en escasas ocasiones se consigue en el Congreso Nacional. La industria presionó sobre los senadores porque pretende tener las manos libres para transformar al visitador médico en el intermediario de prácticas reñidas con la ética, que aparecen cuando se carece de regulaciones éticas como acontece en Argentina. Ese Código de Ética demorado en el Congreso Nacional desde hace años, regula la actividad de los agentes de propaganda médica y en su artículo primero establece: "Es responsabilidad de los agentes de propaganda médica informar en forma técnica y objetiva a los profesionales habilitados para prescribir y dispensar productos farmacológicos, respecto a la composición posología y finalidades terapéuticas de los mismos". El artículo 9 del proyecto legislativo que atravesó la aprobación de Diputados también impone que "queda absolutamente prohibido a los agentes de propaganda médica brindar información que exceda, distorsione y/o falsee, los aspectos objetivamente científicos sobre los mecanismos y la acción terapéutica específica de los medicamentos". Además, el Código de Ética propuesto por los propios visitadores médicos, prohíbe "promover los productos farmacológicos mediante prácticas reñidas con la ética a través de prebendas, o cualquier otro tipo de compensación o estimulo". En el artículo 13 del proyecto parlamentario, se remarca que queda prohibido para la industria: "Otorgar beneficios financieros, materiales, compensación o estímulo, comisiones, prebendas o cualquier tipo de prácticas reñidas con la ética que induzca a una determinada prescripción". Si las prohibiciones precedentes ya resultaban molestas para una industria acostumbrada al uso de "estímulos" para conseguir que receten sus productos, una de las novedades que sin duda fastidió a los laboratorios, fue que el Ministerio de Salud se convertía en el autoridad de aplicación de la ley, creando el Registro Nacional de Agentes de Propaganda Médica, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todos los profesionales habilitados. En los últimos tiempos, en la Ciudad de Buenos Aires la industria consiguió que se habiliten visitadores médicos con diplomas de dudosa validez emitidos por una dudosa escuela privada. Mal podrían aceptar que el Ministerio de Salud se inmiscuyera con un registro nacional. Cuando este proyecto se discutió en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, Ernesto Felicio, por entonces presidente de CAEME, la cámara de laboratorios extranjeros, intentó convencer a los presentes que no hacía falta ninguna ley que regulara la actividad de los visitadores médicos, porque los laboratorios ya tenían sus códigos de ética elaborados por sus casas matrices y lo que era bueno en Estados Unidos era también bueno para Argentina. Las denuncias sobre el ocultamiento de los efectos nocivos de medicamentos que fueron promocionados por la industria como la panacea universal, como el Vioox de Merck, indican de que Felicio era muy inocente o se hacía el estúpido y repetía el discurso casi escolar de sus mandantes, o consideraba que los argentinos somos gilipollas a los cuales se les puede vender el libreto de la autorregulación y la transparencia. Pero, la industria sí parece haber convencido a los senadores de la Comisión de Salud que rechazaron el proyecto alentado por los propios visitadores médicos. Comisión que ha demostrado también ser permeable a las presiones de CAEME para frenar una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, que el año pasado había conseguido el apoyo de legisladores tan disímiles como el peronista Federal Adolfo Rodríguez Saa, el socialista Rubén Giustiniani y el jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, entre otros. |
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