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13.08.14 | Noticias Debaten en el Congreso la modificación de ley de prescripción por principio activo –genéricos Los genéricos no son la solución La intención de la Cámara de Diputados de modificar la ley de prescripción por genéricos para eliminar su artículo 2 (dos) e imponer la Denominación Común Internacional –nombre genérico- no es la solución para la asfixia que sufren las obras sociales ni modificará sustancialmente la estructura monopólica y concentrada del mercado argentino del medicamento. Si bien el medicamento implica el 32 por ciento del gasto de salud de Argentina - mucho más que en países desarrollados - pensar que modificando un articulado se resuelve el problema es una medida coyuntural, casi desesperada, que no aborda la cuestión de fondo sobre el ACCESO UNIVERSAL al medicamento, de la que los visitadores médicos venimos insistiendo desde hace tiempo. En las obras sociales sindicales y provinciales el gasto importante esta en los MAC, medicamentos de alto costo, que llegan al 20% del gasto total y va en crecimiento El problema no es la marca. Es la estructura del mercado que sigue dominado por el afán de rentabilidad y la concentración monopólica, concentración que se extiende a la cadena de droguerías y ahora también a las cadenas de farmacias. O sea, una concentración vertical, desde el productor original al paciente. En principio debemos advertir a los legisladores argentinos y a la opinión pública que en Argentina de hecho funciona desde hace décadas el "genérico de marca" que es una copia de calidad certificada del medicamento original patentado. Y no consiguió reducir el creciente gasto en medicamentos. Es importante que, y todos lo deberíamos conocer, que genérico es la droga que compite con la original cuando esta perdió su periodo de exclusividad de comercialización, porque venció la patente. El genérico en el mundo es la droga gemela con estudios propios que analizan la bioequivalencia y biodisponibilidad, es decir la acción de la droga en la sangre, tiempo y concentración. En Argentina esta clara la diferencia entre productos de marca y los "denominados" genéricos, y no existe un contralor efectivo de estas premisas fundamentales. La OMS sostiene que un medicamento genérico es "aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo lo suficientemente bioequivalente a la marca original, es decir igual en composición y forma farmacéutica y con muy parecida biodisponibilidad que la misma". El medicamento genérico se reconoce en el mercado "porque en el envase del medicamento en lugar de un nombre comercial, figura el nombre de la sustancia de la que está hecho (llamado principio activo en la nomenclatura DCI", agrega la OMS. El gobierno nacional y la Cámara de Diputados apelan ahora, tarde y en forma desesperada a desempolvar dos proyectos que estuvieron adormecidos durante años: La Ley de Genéricos y la Producción Pública de Medicamentos. No nos oponemos a ninguna iniciativa que apunte a consolidar al medicamento como un bien social y no como un artículo de mercado. Pero ninguna de las dos iniciativas apunta al problema de fondo y lamentablemente consideramos que se trata de medidas cortoplacistas. La ley que imponía la prescripción por nombre genérico promulgada en agosto de 2002 tuvo una relativa aplicación en el mercado hasta 2006. Y ni antes y mucho menos después, consiguió modificar la estructura del mercado y abaratar el precio de los medicamentos. Los informes de la consultora especializada IMS y del propio INDEC coinciden que el mercado argentino tuvo un crecimiento sostenido en facturación durante la última década, pero no así en unidades. En otras palabras, el crecimiento estuvo en los precios y no en las cantidades. Entendemos que estas medidas son desempolvadas ahora ante el fracaso de la política de precios y en especial ante la imposibilidad de contener el abuso de los medicamentos de alto costo. Los medicamentos realmente caros no son los medicamentos denominados esenciales, que pueden producir los laboratorios públicos. De hecho muchos ya lo hacen. El jamón del medio de la industria farmacéutica está en el segmento que se denomina medicamentos especiales o Medicamentos de Alto Costo (MAC), estos fármacos no son generalmente promovidos por los agentes de propaganda media (APM) y tampoco por el profesional farmacéutico, en la mayoría de los casos no aparecen en los manuales de precios y están fuera de la orbita de la secretaria de comercio.. Pero, son el Estado a través del PAMI y la seguridad social y las obras sociales los financian en un 100% los medicamentos de alto costo pues no existen compradores particulares. Los laboratorios lanzan estos productos al mercado con destino exclusivo para las obras sociales, las prepagas, el PAMI y la seguridad social. De no existir esa "pagador" garantizado, no se tomarían el trabajo de ingresar al mercado estos medicamentos inaccesibles para cualquier bolsillo. Sin embargo, los MAC constituyen el segmento de mayor crecimiento y el que más desangra a la gente y a los sistemas de salud, en todo el mundo. Por ejemplo, un laboratorio extranjero (Gilad) ha solicitado la comercialización en el país (ante la ANMAT) de su medicamento Sovaldi (sofosbuvir) para tratamientos para la Hepatisis C que en Estados Unidos tiene un costo de 84 mil dólares y en Europa de 55 mil euros. En Argentina existen alrededor de 2.500.000 de diabéticos (según estadísticas oficiales) que dependen de un oligopolio de mercado que se reparte entre dos laboratorios nacionales (Beta) y Denver farma y tres extranjeros (Novo-Nordisk, Aventis y Lilly) que van a seguir fijando los precios de la insulina que se consigue en el país con o sin genéricos pues el gran porcentaje de ventas de insulinas es de las multinacionales Además, el laboratorio Beta que participo con un importante segmento en la ventas de insulina en el país (40 por ciento), no ha reinvertido los beneficios del oligopolio en la investigación de nuevas moléculas o en ampliar su capacidad productiva para garantizar la provisión de insulina a los pacientes argentinos, si volviese a ocurrir un boicot de sus competidores multinacionales como en la década del 80, y se ha limitado a preservar un mercado financiero más que medicinal. El beneficio de tener "la vaca atada". En este caso, el medicamento en términos de comercio monopólico. Para la fibrosis quística –una de las enfermedades denominadas raras o de escasa prevalencia- recién en los últimos tiempos el laboratorio público de Santa Fe (LIF) ha comenzado a fabricar un medicamento pero exclusivamente para los pacientes radicados en la provincia. El resto de los pacientes con fibrosis quística de Argentina debe acceder a una costosa medicación de procedencia importada para largos tratamientos que solo pueden afrontar con la cobertura de la seguridad social. Precisamente estos ejemplos indican el carácter estratégico del medicamento y la necesidad de concentrar los esfuerzos de los laboratorios públicos y los centros de investigación universitarios y estatales en la producción de nuevas moléculas para romper la dependencia y desarrollar una verdadera industria del genérico como India y China. También Brasil durante la última década se ha convertido en proveedor mundial de genéricos, pero previamente debió cancelar las patentes monopólicas e impulsar la producción local de medicamentos innovadores, que son los únicos que pueden incidir en la estructura de precios del mercado farmacéutico, en cualquier lugar del mundo. Desarrollar una industria nacional del medicamento es un imperativo estratégico porque el suministro no puede quedar expuesto a situaciones de conflicto bélico, default financiero o caprichos del fabricante en función de la rentabilidad. Un laboratorio extranjero, Roche, en su momento dejó de fabricar el único medicamento para tratar a los enfermos de Mal de Chagas porque no era rentable. Otro laboratorio Eli Lilly, único proveedor de insulina, se marchó del país después de la Guerra de Malvinas en virtud de que la rentabilidad que obtenía de Argentina no justifica su permanencia en el país. La prescripción por genéricos ni la producción pública resuelven el financiamiento de estos medicamentos de alto costo, que terminan agobiando los presupuestos de las obras sociales y del PAMI. Ninguna de estas iniciativas tendrán un efecto efectivo en el precio de los medicamentos y el resultado será el fracaso de dos medidas que aparecen como bien intencionadas. Pero insuficientes. Tampoco los genéricos y la producción pública resolverán el incremento persistente de los costos de la prótesis y el abuso de los prestadores de las obras sociales y el PAMI que fijan tarifas abusivas a partir de la concentración del mercado. Incluso es probable que las multinacionales en estos momentos estén festejando la reglamentación de la Ley de Producción Pública de medicamentos porque no afecta en nada sus ventas y desvía la atención. Mientras tanto, los laboratorios siguen presionando a los médicos para que receten sus medicamentos cada vez más caros y patentados y que no tienen sustitutos en genéricos ni en la producción pública. Desde AAPM hemos presentado múltiples denuncias de nuestros afiliados de cómo fueron presionados para que intentaran convencer a los médicos violando las pautas éticas de la profesión. En reiteradas oportunidades hemos denunciado que los médicos son tentados con dádivas, invitaciones a congresos internacionales o directamente con estímulos económicos (coimas) a través de emisarios enviados por nuestras patronales y en la mayoría de los casos a nuestras espaldas, para "convencerlos". Entonces, la solución no es trasladar la facultad para sustituir o recomendar una marca del médico al farmacéutico, porque las presiones de los laboratorios proseguirán y, en todo caso, deberán cambiar la dirección de sus campañas de marketing. Así como ahora es el médico el "objetivo" de convencimiento de los laboratorios, también es cierto que el farmacéutico ante una prescripción por genéricos actuará como un agente comercial, privilegiando los intereses de su negocio, la farmacia, al margen de su capacidad profesional para sugerir sustituciones. La cuestión de fondo sigue siendo la misma desde hace décadas: Hay que debatir un política de medicamentos que incluya toda la cadena de comercialización, la creación de una agencia de evaluación de los productos de alto costo y de tecnología hospitalaria, que son el drenaje de divisas que convierten al sector farmacéutico y de la salud de Argentina en deficitario, en beneficio de unos pocos proveedores importadores. Y hay que discutir el costo/beneficio de los nuevos medicamentos que ingresan al mercado como hacen otros países. Hay ejemplos cercanos de medidas que pueden resultar positivas como en Colombia que adoptó un sistema que impone que un medicamento monopólico no puede ingresar al país a un precio superior al que se vende en otros países considerados como de referencia. Y también hay que discutir un seguro nacional para enfermedades denominadas catastróficas o de alto costo como tiene Uruguay y como se discute actualmente en Chile. Solo así se podrá controlar con eficacia el costo del medicamento y de las prestaciones hospitalarias, que exceden a una marca o la posibilidad de sustitución. Compartimos con los legisladores la iniciativa de regular la publicidad de medicamentos de venta libre que es una demanda histórica de nuestra asociación. Pero tampoco alcanza. Gran parte del costo del medicamento se deriva a gastos de marketing. Ahora el objetivo es el médico. Mañana podrá ser el farmacéutico. La estrategia comercial siempre con la misma matriz apela a los "estímulos" para quienes receten sus productos. Por eso se requiere también de un código de ética, como el que presentó hace años la APM en la Cámara de Diputados y terminó cajoneado por la presión de los laboratorios, especialmente los extranjeros que decían tener sus "propios códigos de ética" redactados por sus casas matrices. Esos códigos, de existir, no impidieron que multinacionales pagaran millonarias coimas en China, por ejemplo. Mencionamos el más reciente y ruidoso escándalo mundial, pero la lista es interminable y la ponemos a disposición de los legisladores argentinos. Es cierto que lo caro es la marca y no el producto. Pero la marca no se elimina por ley. La responsabilidad del Estado es regular como lo entendió Ramón Carrillo hace medio siglo y lo escribió en "Plan Sintético de salud Pública 1952-1958). La industria farmacéutica está altamente globalizada y las soluciones para promover un acceso sustentable y los precios asequibles de los productos farmacéuticos también deben ser globales. Son muchos los países de la región –Brasil, Colombia, México, El Salvador, Ecuador y Nicaragua- que están regulando los precios de los medicamentos mirando el comportamiento de los precios en el mercado internacional. Nada extraño por ciento, ya que la mayoría de los países europeos lo hace desde hace décadas. Por ese camino y mediante un debate profundo que apunte a una Ley de Medicamentos inexistente en este país desde la década del 60, se podrán corregir las distorsiones del mercado. Lo demás son faros en las tinieblas. |
IEPS
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