07.03.18 | Noticias

Precio medicamentos: La variable de ajuste es siempre el bolsillo del jubilado

Al ajuste de la Reforma Previsional que implicará un recorte en las jubilaciones, ahora el PAMI avanza en otro ajuste que impondrá el copago de los medicamentos para los afiliados de la obra social, con la intención de reducir el millonario gasto mensual en remedios cuyos precios se actualizan sin controles en virtud del "libre juego del mercado".

El gobierno consiguió un ahorro de100 mil millones de pesos en las jubilaciones con su polémica y resistida reforma previsional. Y además, los jubilados que ya sufrirán una merma en sus ingresos, a partir del 31 de marzo cuando comience a regir el nuevo convenio PAMI, deberán pagar un porcentaje del precio de los medicamentos que entrega la obra social.

El nuevo sistema que se propone instrumentar Sergio Cassinotti, titular del PAMI, introduce los precios máximos, lo que sería una buena noticia, sino fuese que los jubilados deberán pagar la diferencia entre el precio de referencia y el precio de mercado de cada medicamento recetado.

Desde IEPS hemos denunciado sistemáticamente los precios abusivos de los medicamentos y que suelen ser más caros que en España, Reino Unido y Canadá.

Ahora, el PAMI ha descubierto que en Argentina hay medicamentos "más caros que en Noruega", según señalaron sus voceros al explicar que quieren reducir el gasto de la obra social de 2.700 millones de pesos mensuales en remedios.

Es saludable que el PAMI ahora descubra el gasto abusivo y que proponga una pulseada con la industria.

Pero el bolsillo de los jubilados no debería estar sometido al tironeo entre el PAMI y los laboratorios y el campo de batalla debería tener otro escenario sin secuelas económicas para millones de personas que cobran una menguada jubilación.

Por ejemplo, el PAMI quiere bajar los precios abusivos, pero desde la Secretaría de Comercio no hay señales de que se elaboren estrategias para acompañar esta iniciativa y en consecuencia mientras uno ajuste aumentando el gasto de bolsillo de los jubilados, el otro seguirá de brazos cruzados esperando que "el mercado acomode los precios".

El economista Keneth Arrow, Premio Nobel de Economía 1972, advirtió que "en salud, la sola aplicación de las fuerzas de mercado hace a los enfermos y los grupos desfavorecidos, aún más enfermos y vulnerables".

Al contrario de esa formulación de Arrow, desde diciembre de 2015 no hay en Argentina controles de precios para los medicamentos y todo queda al arbitrio del "mercado", tal como IEPS ha denunciado en repetidas oportunidades ante los organismos oficiales que deberían (y no lo hacen) regular el mercado farmacéutico.

La Superintendencia de Servicios de Salud anunció la compra conjunta de medicamentos para el PAMI y el IOMA bonaerense, lo que proporcionará el poder de compra de 30 mil millones de pesos anuales. Y en ese proyecto también quiere avanzar con las obras sociales. El objetivo es conseguir descuentos sensibles, pero los precios seguirán regulados por el "mercado" para los que no ingresen en este paquete comprador.

Loable iniciativa, pero mientras tanto ni la Secretaría de Comercio o la ANMAT negocian precios antes de autorizar nuevas drogas en el mercado argentino y una vez autorizadas la presión de los laboratorios a través de las asociaciones de patentes imponen fallos judiciales intimidatorios contra las obras sociales que deben afrontar su costo.

Si no hay controles de precios o regulaciones desde la Secretaría de Comercio la iniciativa del PAMI es un bote salvavidas en medio del mar cuyos tripulantes –los jubilados- se deben hacer cargo de un porcentaje de su medicación.

Y como el gobierno considera que el mercado decide, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2017 los medicamentos de mayor demanda se incrementaron hasta 150 por ciento y los del PAMI saltaron hacia arriba hasta 95 por ciento, de acuerdo a un relevamiento publicado el año pasado por la Universidad Nacional de Avellaneda.

A ese ritmo, el PAMI quizás pueda ajustar sus presupuestos pero las prestaciones a los afiliados se deteriorarán progresivamente porque el jubilado optará por un medicamento más barato para evitarse el copago y con el tiempo deberá renunciar al que venía tomando desde hace años por prescripción médica.

La libertad de mercado es parte de la convivencia entre la Secretaría de Comercio y los laboratorios que gozan de absoluta discrecionalidad para actualizar sus precios y no deben brindar explicaciones a nadie.

El control de precios no es una medida de matriz ideológico como pretende instalar la mayoría de los industriales argentinos, de cualquier sector de la producción.

Hay controles de precios para los medicamentos en Alemania y Reino Unido. Avanzan proyectos en decenas de Estados norteamericanos para que la industria transparente sus costos y justifique los precios de los nuevos medicamentos. También en Holanda el gobierno de tendencia liberal elabora iniciativas para controlar el desmadre de los laboratorios.

Ninguno de estos países en Cuba o Corea del Norte.

En Argentina, IEPS y otras organizaciones como la AAPM, hemos denunciado sistemáticamente el descontrol de precios a causa de la ausencia de un Estado que aplique el concepto de que el medicamento es un bien social y que debe garantizar el acceso universal y asequible para todos sus ciudadanos. Como pide la Organización Mundial de Salud.

Esas denuncias ante la Secretaria de Comercio y la ANMAT no han tenido respuesta y ahora es posible vislumbrar que llegará un momento en que los jubilados no puedan pagar porque los precios aumentarán, el PAMI ajustará y el copago de bolsillo será cada vez mayor.

El gasto en salud en Argentina ascendía 120 mil millones de pesos anuales, equivalente al 10,20 por ciento del PBI –el más elevado de América Latina- de acuerdo a un informe publicado por IEPS en noviembre de 2011 en base a datos oficiales.

Coincidentemente, el portal Health&Tech calculó en 2014 que el gasto en salud en Argentina alcanzaba a 10.812,8 millones de euros anuales. Una cifra astronómica a la cotización actual de la moneda europea.

Ante la magnitud de estas cifras cabe preguntarse si quitarle 100 mil millones a los jubilados ha sido una medida inteligente, porque deberá asumir el Estado por otra vía, subsidios a hospitales públicos y obras sociales, el que compense el dinero que les falte a esos jubilados para comprar los remedios.

4to Informe de Investigación

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